¿Estacionarse debería ser gratis?

El asunto de los estacionamientos es muy delicado. Solo el 15 % de la población, la de mayores ingresos, posee un auto en la ciudad. Sin embargo, muy pocos están dispuestos pagar por estacionar, ni en la calle, ni en las cocheras privadas, ni en los estacionamientos subterráneos concesionados.

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Columna Mariella Balbi / Perú21

¿Se trata de un servicio público?

Definitivamente no, no hay (ni habrá) una ley que los declare de utilidad pública, necesidad pública o interés nacional, la provisión de espacios en la calle para estacionarse. Ni siquiera existe una ley que declara como servicio público al transporte público (masivo o colectivo) que -por su naturaleza- sí corresponde a una actividad que “satisface una necesidad vital para la vida en sociedad, para generar bienestar en la población y la cohesión e integración en la sociedad” (Profesor Ramón Huapaya).

“El estacionamiento es un tema de movilidad y desarrollo urbano, no de derechos del consumidor. El estacionamiento no es un servicio básico como el agua potable, el alcantarillado o la luz, cuya provisión el Estado debe garantizar para que la ciudadanía viva de manera digna. Si existe un derecho, es el de la movilidad, no el de conducir un automóvil privado.” Rodrigo Díaz, urbanista, Blog Pedestre.

¿Cuánto cobrar por estacionar? ¿Estacionar en la calle o en un estacionamiento subterráneo?

En un escenario ideal, el dinero recaudado por los estacionamientos públicos debe ser una forma de financiamiento para las obras en favor de la movilidad como transporte público (totalmente olvidado como estrategia integral), y transporte activo: peatonal (caminos amplios y seguros) y ciclista.

La Ley de Tributación Municipal permite a los municipios cobrar la tasa por estacionamiento vehicular en zonas de alta circulación. Sin embargo, por la misma definición de tasa del Código Tributario, “pago por la prestación efectiva por el Estado de un servicio público individualizado”, no pueden cobrar por el “uso exclusivo de los bienes de dominio público“, como sí está permitido en legislaciones de otros países, debiendo poner en su estructura de costos los gastos de personal, pintura, tickets, es decir cualquier cosa menos por el uso del suelo urbano en sí.

Ante esta disyuntiva, surgen las APP (asociaciones público-privadas), según el blog Lugares Comunes, en el caso de las municipalidades se dan porque hay un claro desbalance entre esta y  la empresa privada que puede hacer estos estacionamientos

“Este desbalance es mayor si las municipalidades no tienen la opción de cobrar más en los estacionamientos públicos que ya existen: hay una ley que (no se lo permite) se lo impide. La única opción que tienen si quieren subir el costo de usar un auto es mediante una alianza público privada: el privado puede cobrar más, el Estado no.”

Pero ¿cuál es el problema con que una empresa privada se encargue de estos estacionamientos? Pues, como lo explica Lugares Comunes, existen problemas que vienen de la mano con las APP´s:

“oportunidades para corrupción, desbalance de conocimiento técnico y financiero, especialmente cuando se trata de empresas grandes negociando con municipios pequeños, y en algunos casos ausencia de competencia. Todo esto crea la oportunidad para generar rentas, o sea cobrar precios más altos que lo que sería un precio competitivo. Y esas rentas no van al Estado, sino a la empresa.”

En resúmen, las municipalidades están en una diatriba: por un lado, están convencidas que existe un déficit de estacionamientos (cosa que no es tal) y que necesitan brindar más espacios; por otro lado, las iniciativas privadas que reciben por parte de los inversionistas son estacionamientos subterráneos, lamentablemente a costa del espacio público, como se viene realizando en el caso de Lince y como la construcción de un estacionamiento subterráneo cuesta, esta debe ser recuperada vía la tarifa, costo que se traslada a sus usuarios.

El objetivo de los municipios que hicieron estas obras, Meier en San Isidro y Muñoz I en Miraflores no fue desincentivar el uso del auto, ni generar ingresos para mejoras del transporte público (que no es su competencia) o activo (pie o bici), sino brindar facilidades a los vecinos y visitantes en autos.

Si se cambiara la ley, las municipalidades podrían dejar de aceptar propuestas de construcción de estacionamientos subterráneos y cobrar directamente por el estacionamiento en la calle con parquímetros. Lo recaudado debería ir en mejoras a la movilidad como cruces seguros, veredas amplias, etc.

“Es que hay cobros abusivos”. Si ésta es la preocupación del consumidor, entonces puede hacer lo mismo que yo y la mayoría de la gente hace al encontrarse en una tienda o restaurant que nos parece excesivamente caro: nos abstenemos de consumir allí. Insisto, siempre hay una alternativa al uso del automóvil privado, particularmente en zonas de alta demanda, y esta alternativa generalmente es más económica. En este sentido, el estacionamiento es una de las pocas áreas donde el mercado funciona relativamente bien en la ciudad: si un centro comercial cobra demasiado caro, perderá clientes; por el contrario, si ofrece un servicio demasiado barato –o gratis- deberá recuperar esa pérdida potencial por otras vías, que de una u otra manera el consumidor terminará pagando. Y así volvemos al principio: el estacionamiento gratis sencillamente no existe.” (Pedestre)

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