Esta semana se llevó en Lima el primer seminario internacional de regulación: “Institucionalidad Regulatoria y su Aporte al Desarrollo del País”. Uno de los principales invitados fue José Luis Guasch del Banco Mundial. Gracias a sus organizadores, muchos pudimos ver las ponencias en vivo desde nuestras computadoras.
De los cuatro reguladores participantes, OSITRAN limita su actuar a infraestructura como carreteras, puertos, aeropuertos y ferrocarriles de ámbito nacional y, por excepción, en transporte urbano regula el Metro de Lima. Ahora, si ya llevamos 20 años de regulación en infraestructura de transporte, ¿Por qué aún no se regula al mismo nivel el transporte urbano? ¿Tenemos una visión de lo que queremos para el transporte de Lima y Callao?
Desde que se liberalizó el transporte urbano se nos dice que está bajo condiciones de libre mercado (oferta y demanda), que la ley no permite que se fijen tarifas o que vivimos la guerra del centavo. Mientras tanto, las personas no contamos con un sistema de transporte masivo, ni integrado ni adecuado, situación que genera un escenario de desigualdad e ineficiencia al momento de desplazarnos al trabajo, a la escuela y así.
Recordemos que alrededor del 80% de las personas en Lima nos movemos en transporte público. Entonces, ¿por qué tanta dejadez hacia las necesidades de la mayoría de ciudadanos?
En un anterior post, comentaba que el actor estratégico del transporte es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y él puede definir las políticas intersectoriales sobre el transporte público. A veces me pregunto, si tenemos entes rectores de sistemas administrativos como el OSCE (compras públicas), Contraloría General de la República (auditoría), SNIP (inversión pública), ¿podría existir una entidad que coordine, supervise y sancione el cumplimiento de las políticas de transporte?
A inicios de año, el presidente de la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso formó el Consejo Consultivo de Transportes, un grupo de trabajo integrado por 14 especialistas en la problemática de transportes que «priorizará (…) la creación de una autoridad autónoma del transporte y la nueva ley de bases del transporte».
En abril de este año se presentó el proyecto de Ley Nº 03349/2013-CR que crea la Autoridad Única Nacional del Transporte (no solo de Lima y Callao) e imaginamos entrará pronto a debate:
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Llamó mi atención que la exposición de motivos del proyecto de ley sea una copia textual de la introducción del libro «Análisis de la movilidad urbana: espacio, medio ambiente y equidad», elaborado para la Dirección de Análisis y Programación Sectorial de la Vicepresidencia de Infraestructura de la CAF, y que podemos acceder desde el Centro de Información del Congreso. Sin embargo, me desilusionó ver que el proyecto de ley tenga poca relación con el índice del libro, el cual parece apuntar hacia la movilidad sostenible.
Tal vez antes de crear entidades, ¿tenemos idea de cuál es la visión del transporte urbano que queremos para Lima y Callao o qué le falta al marco institucional actual para mejorar los problemas de transporte? Una ley por sí misma no arregla las cosas, tal vez sí el alineamiento de funciones, de presupuestos, de personal, entre otros más aspectos que los expertos pueden señalar (y que sería bueno que se incluya a la academia y organizaciones de la sociedad civil).
Decir que no funciona y se cambia es lo más fácil, establecer la visión, política y hacer funcionar lo existente es el reto. El papel lo aguanta todo, los ciudadanos ya no.
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